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domingo, 22 de mayo de 2016

Ultima Hora: Prohibidas las manifestaciones cerca del CNE

JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
EXPEDIENTE N° AP42-O-2016-000021
En fecha 18 de mayo de 2016, los ciudadanos ALEJANDRA PANTOJA ROMÁN, GUSTAVO RIVERO CASTAÑEDA, HILDA MERCEDES ESPINOZA QUINTERO, ROBERTO RUIZ Y LACIDES SUÁREZ, titulares de las cédulas de identidad números 13.951.164, 6.978.897, 13.069.446, 19.084.634 y 7.929.583, respectivamente, actuando con el carácter de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), debidamente asistidos por el abogado Erickson Laurens, titular de la cédula de identidad N° V-10.672.248, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 63.012, ejercieron acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada “…a los fines de que la COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL (GN) y la POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, generen las acciones conducentes para garantizar los derechos constitucionales vulnerados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.
En la misma fecha, se dio cuenta a la Corte y se designó Ponente al Juez Eleazar Alberto Guevara Carrillo, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines de la decisión correspondiente.
Realizado el estudio de las actas procesales, pasa esta Corte a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Los accionantes en su escrito alegaron lo que a continuación se cita:
“Tal como se refleja de las copias simples de los carnets expedidos por el Consejo Nacional Electoral, acompañada al presente escrito marcada con las letras “A” y “B”, somos empleados el señalado ente Comicial, que debido a las constantes y frecuentes convocatorias realizadas por voceros de diferentes organizaciones políticas y sociales hemos sido expuestos a situaciones de riesgo que amenazan y en ocasiones llegan a violar nuestro derecho al libre tránsito, al trabajo y a la protección del Estado.
Constituye un hecho notorio comunicacional el relativo a que diferentes personeros del grupo denominado: Coalición Política de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han convocado a concentraciones en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) “…para exigirle al ente comicial el cumplimiento con los lapsos para la realización del referendo revocatorio...”.
Muestra de lo descrito es el anuncio realizado por el Diputado Henry Ramos Allup, a través de su cuenta en Twitter @hramosallup, en la cual se puede apreciar textualmente, lo siguiente:
"Todos el próximo miércoles (pasado mañana) 9am frente a estación metro Bello Monte en marcha hasta CNE para exigirle cumplir plazos RR". (Sic)
Nuestra preocupación surge debido a que, según declaraciones del Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador, la referida concentración no estaría autorizada por las autoridades competentes, tomando en cuenta que los puntos de las mismas constituyen, en muchos casos, zonas de seguridad sometidas a un régimen especial, pero a pesar de ello, son diversos los llamados a concentraciones y marchas no autorizadas por parte del señalado grupo de Coalición Política de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como otras organizaciones sociales de oposición, quienes insisten en llevar a cabo tales eventos, situación que hace dudar del carácter pacífico de los mismos. Máxime cuando no han sido activados los cauces legales y democráticos para impugnar- en caso de que lo consideren pertinente – los actos administrativos contentivos de las mencionadas negativas.
En otras palabras, la insistencia de algunos voceros políticos y otras organizaciones de convocar y llevar a cabo concentraciones y movilizaciones cercanas a nuestro entorno de trabajo, las cuales – como se explicó supra - no cuentan con la autorización correspondiente nos conduce a suponer que hay una alta probabilidad de que la finalidad de estos llamados esté alejada de los cometidos de la protesta pacífica o el simple ejercicio de un derecho a la manifestación.
Muestro de ello lo constituyen las declaraciones ofrecidas por el Diputado Paparoni, disponibles en la dirección electrónica http://informe21.com/politica/paparoni-con-la-marcha-nacional-al-cne-presionaremos-al-gobierno, donde se reputan como suyas las siguientes expresiones:
“Mañana va la marcha nacional. Apostaremos al cambio político. En Caracas, nos concentraremos en Bello Monte y Chacaíto y desde allí marcharemos hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). Igual, nos estaremos movilizando en otros puntos del país para ejercer presión"-
El diputado dijo estar seguro de que hoy, más que nunca, para salir de la crisis que viven los venezolanos, hay que salir del Gobierno Nacional. "Apostamos al referendo revocatorio"- puntualizó en la entrevista.
Adicionalmente, se acompaña a este escrito los diferentes comunicados y panfletos que contienen los constantes llamados a estas concentraciones, en los que claramente se aprecian imágenes que incitan a la violencia y alteración del orden público. Queremos insistir que no nos basamos en suposiciones o conjeturas, sino que la amenaza a los derechos constitucionales arriba invocados es tan clara y evidente que nuestra historia reciente da cuenta clara de lo peligroso que pueden resultar estas concentraciones, por cuanto son reiterados los casos donde estos grupos han arremetido contra la seguridad de los funcionarios que laboramos en las instituciones públicas.
Muestra de ello lo constituye la quema de la guardería ubicada en el entonces Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, así como los hechos del pasado 12 de febrero de 2014, cuando simpatizantes de un sector de la oposición destrozaron la plaza de Parque Carabobo y la plaza Diego Ibarra.
De manera que, apoyados en las experiencias pasadas, así como en la circunstancia de que no puede ser considerada ni pacífica ni democrática una movilización que es llevada a cabo sin el permiso de las autoridades competentes y en zonas que la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa expresamente somete a un régimen especial, es por lo que interponemos la presente acción de amparo para que se generen las acciones conducentes al resguardo de nuestros derechos constitucionales, por parte de la Comandancia General de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, a fin de que impidan, a través de las competencias que legalmente tienen atribuidas, la llegada de estos grupos violentos a las cercanías del CNE y con ello se garantice nuestra seguridad e integridad física, así como el derecho al libre tránsito y ejercicio del derecho al trabajo, tal como expondremos detalladamente en los títulos siguientes.

(omissis)
Como señalamos en el encabezado de este escrito existe una clara amenaza al derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, visto que la presencia de grupos violentos – so pretexto del ejercicio de un derecho a manifestar – en las inmediaciones o cercanías del CNE dificulta y en ocasiones imposibilita nuestro arribo a los puestos de trabajo, así como la salida a nuestros hogares.
Realmente en estos tiempos se ha convertido en toda una odisea el intento y esfuerzo que debemos hacer para poder llegar, con la seguridad del caso, a nuestros espacios laborales.
Llama la atención que estos ciudadanos invoquen el derecho a apostarse a las afueras del CNE para “…exigir el cumplimiento de unos lapsos para el revocatorio…” , cuando en realidad con su conducta, claramente desestabilizadora, lo que intentan es impedir el libre acceso de los funcionarios a sus puestos de trabajos, produciendo retrasos que se agravan por las restricciones en el horario, derivadas de la emergencia eléctrica que enfrenta el país.
Es decir, que el llamado a concentraciones no autorizadas por las autoridades competentes y contra cuyas negativas no se han utilizado los cauces legales y democráticos para impugnarlas, lo que demuestra es una clara conducta dirigida a entorpecer la llegada de los empleados al CNE.
Según la Sala Político Administrativa el derecho al libre tránsito comprende un conjunto de facultades otorgadas a los particulares, entre las cuales destacan: el derecho al libre tránsito propiamente dicho, el derecho a cambiar de domicilio o de residencia, la posibilidad de ausentarse y de regresar al territorio de la República y por último, el derecho de trasladar los bienes fuera y dentro del territorio nacional, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Dicho derecho constitucional, no es más que una de las formas en que se manifiesta el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de los individuos quienes se desplazan en función de sus necesidades y aspiraciones personales. (Sentencia de la SPA N° 1352 del 5 de noviembre de 2008).
En el caso concreto, la lesión a nuestro derecho al libre tránsito en realidad se cristaliza por la conducta permisiva y tolerante de las autoridades, a quienes exigimos a través del presente amparo que cumplan con las competencias constitucionales y lleven a cabo las medidas necesarias, a fin de garantizar nuestro libre tránsito y acceso a nuestro trabajo. Razón por la cual exigimos a los órganos de seguridad del Estado denunciado como (…) que hagan uso de sus competencias constitucionales, a fin de que se restablezca nuestro derecho al libre tránsito.

(omissis)
Por otra parte, el artículo 55 de la Constitución obliga al Estado a través de los órganos de seguridad y específicamente de aquellos denunciados como (…) en este escrito a velar por la protección de toda persona frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física.
En efecto, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de neces

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