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miércoles, 13 de julio de 2016

Recurso de nulidad contra decreto del Arco Minero

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió a trámite la demanda que disidentes del chavismo interpusieron contra la decisión presidencial que abre las puertas a la explotación de la rica zona sur del país.

Juan Francisco Alonso
Caracas. Cinco ministros deberán comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rendir cuentas por la polémica decisión del Gobierno de abrir las puertas a la explotación de los recursos minerales de la zona sur del país, pues ese organismo admitió una demanda que ex-ministros chavistas y ex altos mandos militares interpusieron contra la misma, por considerarla violatoria de disposiciones constitucionales.
La citación la hizo el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, en su sentencia 177, donde anunció que revisará el recurso de nulidad que el pasado 31 de mayo los ex-ministros chavistas de Educación y del Ambiente, Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio, respectivamente; y el excomandante de la Región de Defensa Integral de Guayana, general (r) Cliver Alcalá Cordones, presentaron contra el decreto presidencial Decreto número 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional ‘Arco Minero del Orinoco’.
Los ministros de Energía y Petróleo, de Ecosocialismo, de Comunas, de Pueblos Indígenas y del Despacho Presidencial, Eulogio Del Pino, Ernesto Paiva, Isis Ochoa, Clara Vidal y Jesús Salázar, deberán acudir al máximo juzgado, junto a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y al procurador encargado, Reinaldo Muñoz, para presentar sus opiniones en relación a esta resolución en el juicio que en algún momento se celebrará.
La fecha de la audiencia oral y pública, aún no ha sido fijada por la Sala.
El Gobierno aspiraba a paliar la escasez de divisas que sufren las arcas públicas debido a la abrupta caída de los precios del petróleo con el otorgamiento de concesiones para explotar oro, bauxita, coltán, hierro y otros minerales que se encuentran en el Arco Minero. En los 114 mil kilómetros cuadrados que forman la zona, casi el 11% del territorio nacional, se calcula hay unas 7.000 toneladas de oro, aseguró meses atrás el exministro de Industria, Víctor Álvarez.
Las autoridades han asegurado su decisión respetuosa con la Constitución y además contribuirá a superar la actual crisis económica. “Hay mucho por decir del Arco Minero y tenemos garantizado que va a ser un motor de financiamiento que va a ir a diversificar nuestra economía”, aseguró en marzo pasado el ministro Del Pino.
Los artículos 15 y 127 de la Carta Magna establecen que el Estado tiene “la responsabilidad” de velar por el ambiente, mientras que el 129 reza: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural (…) En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley”.
Grito al cielo
Las explicaciones oficiales, no obstante, no han disipado las dudas ni en la oposición ni en las filas del oficialismo. “El macizo guayanés es muy importante para la reserva, no solamente de esos minerales sino del agua del país, y porque la proporción boscosa del estado Bolívar es muy importante como reserva de biodiversidad y como productora de agua, en algún momento uno tiene que priorizar qué es más importante sacar el oro, sacar el coltán o proteger el agua que es indispensable para la vida”, declaró la exministra Ana Elisa Osorio antes de presentar la demanda, quien denunció que las poblaciones indígenas no fueron consultadas.
Precisamente para escuchar a las comunidades autóctonas el Juzgado de Sustanciación, en un auto posterior fechado el 28 de junio, ordenó al Ministerio de Comunas publicar su decisión de admitir a trámite la demanda con el objeto de que las comunidades que deseen participar y dar su opinión lo hagan.
En un comunicado difundido por Amnistía Internacional, la directora de investigación y desarrollo de Provita, Tina Oliveira advirtió que la explotación del Arco en los términos que están planteados podría tener “terribles implicaciones”, pues lleva consigo “cambios en la cobertura vegetal, es decir, deforestación y eliminación de otros ecosistemas no boscosos, cambios en el curso de los ríos, así como en su calidad del agua, aumento de las emisiones de contaminantes para la atmósfera, el agua, el suelo y el subsuelo, contaminación de las especies y su extinción. Todo ello repercutirá negativamente en la economía y recursos del país, que ya ha vivido las graves consecuencias de la sequía –traducida en falta de agua y dramáticos cortes eléctricos –, fenómeno que se acrecienta con la deforestación y que por tanto puede llegar a tener dimensiones catastróficas”.
Fuente: @CronicaUno

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