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miércoles, 31 de agosto de 2016

Dilma Rousseff, destituida definitivamente por el Senado de Brasil

El proceso de ‘impeachment’ termina con el mandato de la primera presidenta mujer de Brasil y con 13 años de gobierno de su partido


Brasil: carnaval, ministros y héroes

El senado brasileño condena a Dilma Rousseff por 61 votos a 20 a dejar desde hoy de forma definitiva la presidencia (siete votos más del mínimo exigido por la Ley de Impeachment brasileña). Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), apartada provisionalmente del cargo desde mayo, tiene también un mes de plazo a partir de hoy para abandonar para siempre el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial durante seis años, dos mandatos y medio. Brasil culmina así el cambio de Gobierno más traumático y esquizofrénico de las últimas décadas. La votación constituyó el último y esperado capítulo de un largo proceso de impeachment que comenzó el 2 de diciembre y que ha mantenido al país en suspenso. Sin embargo, la presidenta no ha quedado inhabilitada de la vida pública durante los siguientes ocho años como sí buscaba la segunda votación de la jornada.

Rousseff decidió aguantar hasta el final y apurar todas y cada una de las fases a pesar de que las previsiones aventuraban su fracaso casi desde el principio. Su resistencia era más simbólica que práctica, encaminada a dejar claro que no aceptaba ni aceptaría jamás el veredicto y que se sentía juzgada no solo injusta sino antidemocráticamente. “Estamos a un paso de la concretización de un verdadero golpe de Estado”, dijo Rousseff el lunes, delante de los 81 senadores que la juzgaron. Michel Temer, el presidente interino (antes vicepresidente y aliado de Rousseff, ahora enemigo declarado de ella) asumirá la presidencia completa hoy mismo para marchar después a la cumbre del G-20 en China.

El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses por maquillar las cuentas públicas a base de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos. Los senadores brasileños se han pasado horas y días y meses discutiendo en un perpetuo Día de la Marmota sobre si el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal se podía considerar delito o no.

En los últimos meses han surgido en el país centenares de especialistas en esta minucia contable, en una trinchera y en otra. Para la defensa, eso ni es delito ni es algo raro: todos los presidentes anteriores lo han hecho. Los acusadores han repetido que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República y ni siquiera para esto. Uno de sus más fervientes defensores, el ex ministro de Economía Nelson Barboza replicó el sábado: “Ustedes han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.
En el fondo, el impeachment siempre fue político. A Rousseff se le ha juzgado (y condenado), entre otras cosas, por su gestión. Por eso, no habría sido expulsada del cargo si la economía no se hubiera despeñado en 2105 y en 2016 más de un 3% del PIB, si el paro no hubiera escalado a un 11% o si la inflación, un verdadero fantasma en la sociedad brasileña, no hubiera repuntado hasta un 7% después de épocas de estar controlada. De otra manera: si bajo su segundo mandato Brasil no hubiera embarrancado en la mayor recesión de los últimos 80 años.
Tampoco habría sido expulsada si su popularidad no se hubiera despeñado, arrastrándose durante meses en las encuestas; o si no hubieran salido a la calle en los últimos meses cientos de miles de personas, sobre todo en São Paulo, pidiendo su destitución y si la prensa de São Paulo o Río de Janeiro no hubieran coincidido en pedir un día sí y otro también su cabeza. Tampoco, tal vez, si hubiera logrado forjarse alianzas entre los congresistas y los senadores en vez de encerrarse en su residencia oficial y convertirlos en sus enemigos. Los mismos enemigos que, con un regustillo de venganza y despecho, la han juzgado y condenado ahora. Y que antes bloquearon muchas de sus iniciativas encaminadas a mejorar la economía. Para sobrevivir en Brasilia en un Congreso tan hostil, voluble y pulverizado en decenas de partidos como el brasileño hay que hacer política de la de andar por casa: dar, prometer, conspirar, agradar, conversar, ceder, entrar y salir. Lula era un maestro en eso. Pero el carácter férreo, rígido, austero, prepotente y burocrático de Rousseff, proclive a aprenderse de memoria un informe sobre yacimientos petrolíferos de 600 páginas pero incapaz de recibir a un senador que le pide audiencia para no hablar de nada en concreto, no servía en ese ambiente.
Las acusaciones continuas de corrupción, que envolvían por entonces al PT (aunque nunca a ella personalmente) multiplicaban el voltaje político. Y la presión mediática y de la calle se sumó la más sibilina y punzante de los mercados: bastaba que el proceso de impeachment avanzara una etapa más para que la bolsa subiera y el dólar cayese, en un signo evidente de cuál era el resultado que los poderes financieros preferían. El por entonces vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, hasta entonces aliado político de Rousseff, se hizo cuidadosamente a un lado para no estorbar la caída de la presidenta y quedar él de pie. Cuando fue nombrado presidente interino, en mayo, Rousseff le calificó simplemente de traidor.
Pero nada tampoco habría sido posible sin la labor de un personaje oscuro, el ex presidente del Congreso Eduardo Cunha, que en diciembre de 2015 decidió rescatar de un cajón el informe de los tres abogados –podía haber sido otro- y chantajear con él a Rousseff y a al PT. Cunha, acusado por la Fiscalía de tener en Suiza 5 millones de dólares provenientes de sobornos de Petrobras iba a ser investigado en la Comisión de Ética del Senado. Para evitarlo, amenazó a la presidenta con dar curso a ese informe en forma de impeachment si los decisivos diputados del PT de esa comisión votaban a favor de investigarle. El PT afirmó que no se plegaría y sólo unas horas después Cunha admitía a trámite el informe de las galimatías fiscales.
Por entonces Rousseff confiaba en parar el proceso en alguna de sus múltiples etapas, pero no contaba con que todo iba a actuar en su contra: los mercados, la calle, la prensa, Temer, la economía, sus propias decisiones, los senadores y el mismo Cunha, al que nadie impidió encargarse de acelerar vertiginosamente el proceso. El informe se transformó en una bola de nieve imparable. La gran paradoja es que Rousseff, a la que nadie ha podido acusar de llevarse un solo real, sale hoy por la puerta de servicio de la historia tras ser condenada y Cunha aún no ha sido juzgado por sus millonarias cuentas en Suiza. Aún sigue de diputado.

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