El Plan de la Patria indica que debe implementarse el modelo de gestión socialista en las unidades productivas. En las empresas de alimentos del Estado la producción se ha desplomado.
El Gobierno creó mediante decreto
un régimen transitorio para los trabajadores con el fin de aumentar la
producción de alimentos y controlar el destino de los empleados privados; pero
la medida va más allá y está en línea con el estado comunal.
La semana pasada, el Ministerio
del Trabajo publicó una resolución en la que permite al Estado solicitar
trabajadores, tanto públicos como privados, para reactivar las plantas por un
lapso de 60 días prorrogables. Eso significa que, por ejemplo, el empleado de
empresa privada procesadora de arroz puede ir a una pública.
Esta norma se enmarca en las
leyes del poder popular que contemplan el estado comunal y el sistema de
economía comunal. De hecho, la resolución en uno de sus considerandos indica
que “es deber del Estado promover y proteger el aparato productivo
agroalimentario con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país,
sustentándolo en la iniciativa del poder popular”, y agrega que la solicitud
correspondió al Ministerio de las Comunas.
El Plan de la Patria, que es la
guía del Gobierno desde 2013, señala que se tiene que implementar el modelo de
gestión socialista en las unidades productivas, y en la Ley del Sistema de
Economía Comunal se detalla que el esquema productivo socialista está orientado
hacia la eliminación de la división social del trabajo (especialización).
Abogados laborales consultados
comentan que en el régimen del sistema comunal las relaciones laborales son
diferentes.
Según la disposición del
Ministerio del Trabajo, la industria que absorberá a los trabajadores
temporales estará obligada a pagar el salario y bono de alimentación. Mientras que la empresa que prestará a los
empleados deberá continuar con las obligaciones de cotizaciones del Seguro
Social y computar la antigüedad de la prestaciones sociales. Sin embargo, no
todas las condiciones laborales están claras y más porque muchos empleados
tienen contratos colectivos.
Luego de una semana de publicada
la resolución, el Gobierno le realizará ajustes, indicó el diputado Francisco
Torrealba, quien en un programa del canal Globovisión apuntó que se aclarará
que el régimen es de carácter voluntario: “En la Gaceta faltó precisión. Nadie
será forzado”, y hasta apuntó que “la iniciativa fue de un sindicato de una
empresa privada”.
Saldo de las empresas estatales
La normativa del Ministerio del
Trabajo destaca que el régimen transitorio para los empleados públicos y
privados fue una petición del Ministerio de las Comunas, que solicitó “la
prestación de un grupo de trabajadores” para que fueran incorporados a diversas
plantas procesadores de maíz.
Esa exigencia reafirma que las
empresas públicas tienen un pobre desempeño. El Estado tiene un conglomerado de
293 industrias y los datos oficiales disponibles señalan que en varias plantas
la producción está en picada, lo que explica en parte la ausencia de rubros
básicos en los comercios, incluyendo las redes estatales.
La información de la Memoria y
Cuenta del Ministerio de Alimentación detalla que en 2015 las 11 plantas
estatales de harina precocida de maíz procesaron 21.164 toneladas, 3 % menos
que en 2014.
En otras instalaciones las
operaciones fueron más críticas y en las plantas de arroz se produjeron 8.662
toneladas, de manera que la caída fue de 35 %. En las empresas de pastas la
producción descendió 24 % y apenas generaron 235 toneladas en un año.
La emblemática Lácteos Los Andes,
que produce leche, jugos y yogurt, en 2012 llegó a tener un pico de fabricación
de 327.047 toneladas de productos, al cierre del 2015 procesó 260.450
toneladas, 23 % menos.
En Industrias Diana, que procesa
aceite y otros rubros, en 2013 se generó un máximo de 191.000 toneladas,
mientras que en 2015 terminó elaborando 115.422 toneladas con lo cual hubo una
reducción de 29 %.
Fuente: Crónica.Uno
