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lunes, 1 de agosto de 2016

En 5 años no se le ha visto el queso a la tostada al Ministerio Penitenciario

Este martes 26 de julio la ministra Iris Varela sopla una vela más al frente del sistema carcelario. ONG’s que defienden los derechos humanos de los reos, indicaron que no ha solucionado la crisis y trasladó la violencia de las cárceles a los calabozos.

Caracas. Las buenas ideas del Ministerio para el Servicio Penitenciario se han quedado en eso: buenas ideas, pues no han solucionado la crisis. Este martes 26 de julio se cumplen cinco años desde que el presidente fallecido, Hugo Chávez, anunció la creación del ente para atender a la población reclusa.
La diputada —para el momento— Iris Varela, fue la designada por Chávez para llevar la batuta y solventar la crisis. Sin embargo, le ha costado, y muchas de las promesas hechas no se han cumplido.
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que durante la gestión de Varela continúa el hacinamiento, no han acabado con los pranes ni con las armas y no se ha resuelto el retardo procesal penal, tampoco se le ha dado un golpe a la corrupción.
De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) desde 2011 hasta el primer semestre de 2015 se registraron al menos 2.075 muertos y 3.414 heridos.
Entre 2013-2014 se evidenció una disminución en estas cifras, ya que de 506 fallecidos bajó a 309 y en los primeros seis meses de 2015 hubo 109 decesos, lo que podría mostrar que bajaron los índices de violencia pero según el director del OVP, Humberto Prado, el problema se trasladó a los calabozos.
“La violencia migró a los calabozos policiales, ahí encuentras personas decapitadas, detenidos que matan a otros y obligan a los demás a comérselos o muertos por explosión de granadas. No se solucionó el problema, ella (Iris Varela) se quitó un problema mandándoselo a las policías”.
Calabozo Chacao

Datos del OVP indicaron que en las celdas ubicadas en las policías estatales y municipales hay alrededor de 25.000 detenidos, de los cuales al menos 3.000 tienen sentencia firme, pero no han sido trasladados a los centros penitenciarios asignados.
“Tienen orden de encarcelación y regresan al calabozo a esperar que la policía solicite permiso para el traslado y el ministerio dice que no. Se niegan a cumplir la ley, los jueces no son autónomos y el Ejecutivo mantiene en una situación de miedo al Poder Judicial”, soltó Prado.
El hacinamiento en las cárceles venezolanas es otro de los problemas con los que no ha podido la ministra Varela. El OVP maneja una sobrepoblación de 210 % y una población penitenciaria de más de 51.000 reclusos.
Para hacerle frente a esto, Varela desarrolló el Plan Cayapa, el 11 de enero de 2012, para reducir el retardo procesal penal, mediante la instalación de tribunales itinerantes, para agilizar las causas de los procesados. Sin embargo, el OVP indicó que a los privados de libertad se les obliga a renunciar a la defensa de su abogado y solicitar la pública, para poder beneficiarse del plan.
Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, explicó que el Cayapa tiene un planteamiento interesante pero ha sido mal llevado, pues la mayoría de los jueces no lleva los casos de los reclusos que son de otros estados.
“Es bueno que vayan a las cárceles y vean la realidad, pero el problema es que no pueden hacer nada, hay reclusos que han sido trasladados de otros estados y no pueden llevar su caso. Deben organizarse y coordinar visitas con jueces de Caracas, por ejemplo, a otros centros penitenciarios fuera de la capital”, indicó.
La ministra desarrolló tres planes más durante sus cinco años de gestión: Cambote, para rescatar los espacios de los centros penitenciarios; Maita, para llevar la paz a los recintos y lograr la reinserción a la sociedad con apoyo familiar; y Llegó la Chamba, que busca generar empleo entre los reos.
“No hay nada que rescatar, ha habido buenas ideas y propuestas, el Plan Cambote, por ejemplo, si estuviera bien planificado pudiera haber sido exitoso. El Maita si hubiera sido llevado de buena forma era exitoso. Actualmente, a las familias les preocupa más saber a dónde trasladan al preso”.
Cárceles prometidas sin construcción
Según Nieto Palma, la ministra Iris Varela prometió la construcción de 48 cárceles, pero solo cumplió con dos y al contrario, cerró centros penitenciarios.
El OVP tiene en su data el desalojo de nueve cárceles: el Internado Judicial Los Teques, Internado Judicial Rodeo III, Internado Judicial de Carúpano, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal (La Planta), el Internado Judicial de Coro, el Centro Penitenciario Región Occidental (Uribana), el Centro Penitenciario Yare II, el Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio y el Centro Penitenciario de Sabaneta.
De estas solo reinaguraron la cárcel de Uribana y la de Coro, el resto sigue cerrado.
“El hacinamiento se agudiza por el cierre de establecimientos sin nueva infraestructura, además estos cambios ocasionaron que ahora no existan cárceles en algunas ciudades importantes del país”, reza el último informe del OVP.
Calabozo Chacao
Otro de los cambios aplicados en algunos recintos ha sido el nuevo Régimen Penitenciario, impulsado desde 2012, el cual obliga a los privados de libertad a usar uniformes, redujo las visitas a dos al mes y a hacer orden cerrado todas las mañanas.
“Desde las 6:00 am deben formarse bajo estricto orden cerrado, se pasa lista y se les obliga a cantar himnos en apoyo al Gobierno. Según denuncias de familiares no les garantizan derecho a la vida y a la salud, pues no reciben adecuada alimentación”, detalló el documento del OVP.
Al menos 60 % de los presos no recibe comida en las cárceles, según sondeos del Observatorio y Prado denunció que las condiciones de salud son deplorables, pues no reciben atención médica.
“El ministerio no ha dado solución estructural a los graves problemas que acontecen en las cárceles del país”, señaló Prado.
Fuente: Crónica Uno 


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