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lunes, 15 de agosto de 2016

En qué consiste la controvertida medida que califican como "trabajos forzados" en Venezuela

Para incrementar la producción agrícola, el gobierno de Maduro ha pedido a las empresas privadas que le presten trabajadores para que laboren en el campo. Pese a que no se conocen los detalles de cómo y cuándo se implementará, la medida ha recibido fuertes críticas de diferentes sectores.
El gobierno de Venezuela sorprendió a finales del mes pasado al imponer una resolución mediante la cual obligaba a los trabajadores públicos y privados a realizar labores agrícolas por un plazo mínimo de 60 días para “fortalecer la producción” del país, sumido en una dramática escasez.
La nueva medida del presidente Nicolás Maduro ha sido calificada como “trabajo forzado” por Amnistía Internacional, una práctica que no existía en Venezuela desde la dictadura de Juan Vicente Gómez hace más de 80 años. Con esta afirmación coinciden sindicalistas, empresarios, analistas y hasta los propios trabajadores.
La polémica resolución ha recibido críticas incluso de sectores afines al chavismo frente al silencio del gobierno. El único vocero del oficialismo que se ha pronunciado al respecto es el diputado Francisco Torrealba que aseguró que el contenido del decreto fue “tergiversado” y que debido a un error de “tipeo” será corregido y nuevamente publicada en Gaceta Oficial.
Concretamente, la resolución Nº 9,855 del Ministerio del Trabajo establece un mecanismo de inserción temporal por el que las entidades públicas o privadas deberán "disponer de trabajadores" para “fortalecer la producción, por ser el Estado el responsable de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Los 60 días obligatorios pueden prorrogarse por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan“.
Esta semana, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo, al afirmar que el decreto viola el artículo 30 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece “que nadie puede obligar a otro a realizar un trabajo”.
El diputado de oposición Miguel Pizarro, aseveró que la resolución viola además la capacidad del trabajador para decidir las condiciones para trabajar. “Se hacen llamar obreristas quienes hoy defienden el trabajo forzoso, el rol de un sindicalista no se valora por sus cotizaciones sino por la defensa de los derechos”.

Entre los críticos al decreto está Danilo Mojica, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un órgano que generalmente se limita a plegarse a las decisiones del gobierno. En su cuenta personal de Twitter, @danilomojica escribió cuatro tuits en los que defendió que toda persona tiene derecho a la libertad de trabajo y que en ningún caso se le puede forzar a trabajar en un área sin su consentimiento.
Fuente: univision
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