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Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas iniciará en noviembre


    El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral se iniciará el 6 de noviembre de 2017 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz se encuentran actualmente en la ciudad de Miami, en libertad bajo fianza, luego de haber pagado de $250 mil dólares cada uno en el mes de enero en el tribunal de Nueva York. La corte confiscó los pasaportes de los dos acusados cuando fueron arrestados en diciembre de 2016 en el estado de la Florida.

Los cargos

Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para lavar dinero de origen ilícito y operar un negocio de transferencia de dinero internacional sin poseer las licencia que establecen las leyes norteamericanas”. En combinación con unas empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El gobierno federal acusa a los dos hombres de haber violando lo establecido en el título 31 del Código de los Estados Unidos, en su secciones 1956 (a) 2 (A).

El arresto

El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante un juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados, según los récords judiciales.

En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017.

Nueva York es la jurisdicción del caso

El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.
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??????El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente y dicho expediente fue enviado a la sala de archivos.

En mayo 2017 el caso regresó a la corte, y fue anunciado un calendario de actividades, que incluye, inclusive, un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017. Los abogados mencionados en el expediente no han hecho comentarios sobre el caso, ni respondieron a las llamadas.

El caso

Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & Export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y otras entidades extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez.

La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por la fiscalía de distrito y los acusa de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno, lavado de dinero y narcotráfico.

Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre revelado hasta ahora- de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez, envió fondos a cuentas bancarias en varios países en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas del Estado venezolano violando las leyes de licitación, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.

Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del “consorcio venezolano”, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno chavista.

El pago, según un correo electrónico de un funcionario venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “off shore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.

Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.

Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda.

Luis Díaz jr es representado por el abogado Vincent Flynn y Luis Javier Díaz por José Quiñon.

Fuente: https://www.lapatilla.com/
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